Aunque busca garantizar la libertad religiosa, la reciente aprobación del Proyecto de Ley N°4610 ha despertado preocupación entre diversos gremios, que advierten que la norma podría afectar la continuidad de miles de pequeñas empresas y servicios esenciales.
La libertad religiosa es un derecho fundamental reconocido por la Constitución y merece ser protegida. Sin embargo, lo que hoy cuestionan diversos gremios empresariales, entre ellos representantes de bodegueros, panaderos, hoteles, restaurantes y del sector salud; no es ese principio, sino la forma en que el Congreso decidió garantizarlo.
La Comisión Permanente aprobó, en segunda votación, el Proyecto de Ley N° 4610, que declara el sábado como día no laborable compensable para los trabajadores del sector público y privado cuyas confesiones religiosas consideran esa fecha como día de descanso. La norma establece que las horas no laboradas deberán recuperarse posteriormente y que el trabajador deberá acreditar su condición mediante una constancia emitida por la autoridad de su organización religiosa.
No obstante, apenas conocida su aprobación, organizaciones representativas de las micro, pequeñas y medianas empresas solicitaron al Poder Ejecutivo observar la ley al considerar que traslada a las empresas una carga operativa y económica cuyos efectos no fueron suficientemente evaluados.
En un pronunciamiento conjunto, los gremios advirtieron que la medida podría afectar la productividad, el empleo formal y la continuidad de múltiples actividades económicas, especialmente en sectores donde el sábado representa uno de los días de mayor actividad.
Una carga que las Mypes difícilmente podrán asumir
Para los gremios, el principal problema no radica en reconocer el derecho de los trabajadores a practicar su religión, sino en imponer una obligación que, aseguran, desconoce la realidad de miles de pequeños negocios.
En actividades como comercio, manufactura, restaurantes, panaderías, turismo, transporte, logística y servicios, reorganizar la operación de un sábado para otro no resulta sencillo. Muchas microempresas funcionan con equipos reducidos, por lo que la ausencia de un trabajador puede obligar a redistribuir funciones, extender la jornada del resto del personal o incluso contratar reemplazos, incrementando los costos operativos.
En entrevista con A tu Salud, Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas del Perú, consideró que la norma pretende regular una situación que históricamente se ha resuelto mediante acuerdos entre empleadores y trabajadores, sin necesidad de una ley específica.
«Nos parece una norma innecesaria. Más de 200 años desde que somos República y nunca hemos necesitado una norma para que los empresarios puedan tener acuerdos con los trabajadores para aplicar una determinada necesidad religiosa», señaló.
A su juicio, el cambio más importante es que la decisión deja de depender del consenso entre ambas partes y pasa a convertirse en una obligación legal, lo que limitaría la capacidad de organización interna de las empresas. «La Mype no tiene un gran número de trabajadores entonces todos los trabajadores son valiosos». En ese escenario, explica, la ausencia de un solo colaborador puede alterar toda la operación de una pequeña empresa.
Hermoza explica que, aunque la norma contempla la compensación de las horas no trabajadas, ello no elimina los costos que implicaría reorganizar procesos productivos o de atención.
«Tenemos un grave problema que impactaría en la estructura de costos porque estamos hablando de casi un millón de personas en edad laboral que estarían implicadas en esta norma (…), lo cual afectaría gravemente todo lo que significa el proceso productivo de una Mype manufacturera y lo mismo en una Mype de servicios», indicó Hermoza.
Según una proyección preliminar de Mypes Unidas del Perú, alrededor de 120 mil micro y pequeñas empresas de diversos sectores podrían verse alcanzadas por esta nueva obligación laboral.
Cuando el servicio no puede detenerse
Las preocupaciones son aún mayores en sectores donde la atención al público no puede interrumpirse.
Farmacias, boticas, consultorios y otros establecimientos de salud mantienen operaciones continuas para responder a las necesidades de los pacientes, incluso durante fines de semana. Para muchos de estos negocios —especialmente los de menor tamaño — reorganizar turnos implica mucho más que un desafío administrativo: puede significar asumir mayores costos o reducir su capacidad de atención.
Ana María Jiménez, presidenta de la Asociación Peruana de Farmacias (ASPEFAR), sostiene que la medida llega en un momento especialmente complejo para las Mypes del sector, que ya enfrentan elevados costos derivados de la sobreregulación —de las municipalidades, entre otros — y de las exigencias administrativas que deben cumplir para operar.
«Es gravísimo, es totalmente perjudicial (…) nosotros atendemos desde las 7 de la mañana, muchos hasta las 12 de la noche (…) ya nuestros costos operativos son altos porque tenemos que manejar personal de dos turnos, en muchos casos sobretiempo y además de esto que nos dejen sin personal para los días sábados», explicó la representante de ASPEFAR, quien detalló para A tu Salud que al igual que ellos, muchos otros gremios como el de panaderos, bodegas, restaurantes, entre otros; ven el sábado como un día clave para el funcionamiento de sus emprendimientos. «El sábado es un día en el que muchos negocios esperan recuperar la semana», enfatizó.
Asimismo, Jiménez señaló que muchas farmacias de barrio cumplen una función que va más allá de la dispensación de medicamentos, pues atienden emergencias y orientan a pacientes cuando otros servicios ya no se encuentran disponibles. «A nosotros nos tocan la puerta hasta las 2, 3 de la mañana porque somos las farmacias del barrio», comentó.
Jiménez asegura que el ánimo dentro de su sector es de preocupación y desmotivación ante una eventual entrada en vigor de la norma. «Ya sabemos todo lo que se nos vendría (…) y no es justo. Nosotros somos quienes salvamos la vida de los pacientes porque el ministerio, los hospitales públicos no tienen medicamentos (…) Las Mypes (del sector farmacéutico) que somos 25 mil es imposible que lo manejemos», indicó.
Vacíos que aún generan incertidumbre
Otro de los aspectos que preocupa a los gremios es la forma en que la norma será aplicada.
El texto aprobado dispone que el trabajador deberá informar a su empleador la confesión religiosa que profesa y presentar una constancia emitida por la autoridad de su organización religiosa. Además, encarga al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo reglamentar la ley en un plazo de 60 días.
Sin embargo, representantes empresariales sostienen que todavía existen interrogantes sobre cómo se verificará el cumplimiento de la norma, qué mecanismos utilizará la autoridad laboral para supervisarla y cómo se evitarán conflictos derivados de su aplicación.
Además, advierten que la ley podría incrementar el riesgo de sanciones para empresas formales que ya enfrentan una elevada carga regulatoria, generando un incentivo contrario a los esfuerzos que el propio Estado viene impulsando para promover la formalización.
«El Estado ha trabajado mucho para quitar barreras burocráticas (…) y de un momento a otro viene una ley y obviamente los que son informales van a decir ni muerto me paso a la formalidad», ironizó Hermoza quien además agregó «hoy día no sabemos cuántos (creyentes de un movimiento religioso) van a aparecer después de la ley. Toda esta situación afecta la marcha de las empresas y otra cosa más adicional que va a pasar: podría llevar a radicalizar algunos parámetros de contratación de trabajadores, afectando el trabajo, cuando es solo cuestión de acuerdos internos», comentó Hermoza.
Por su parte, Jiménez manifestó que de entrar vigor esta medida, serían muchos los emprendedores farmacéuticos que se verían obligados a pasar a la informalidad. «Vamos a ser sujetos de multa y ya tenemos demasiadas multas por cualquier cosa (…) Ha subido enormemente el tema de la informalidad porque no pueden hacerse sostenibles y muchos formales se están pasando a la informalidad a pesar de todos los riesgos que corren pero es que ya no pueden soportar», advirtió.
Una oportunidad para revisar la norma
El debate que ha generado el Proyecto de Ley N°4610 demuestra que proteger un derecho fundamental también exige evaluar cuidadosamente sus efectos sobre otros ámbitos de interés público.
Los diversos gremios coinciden en que la libertad religiosa debe garantizarse, pero sostienen que ello no puede hacerse sin considerar el impacto que una medida de este tipo tendría sobre quienes sostienen una buena parte del empleo formal del país y prestan servicios esenciales para la población.
Por ello, han solicitado al Poder Ejecutivo observar la norma y abrir un espacio de diálogo que permita encontrar mecanismos que compatibilicen el ejercicio de la libertad religiosa con la continuidad de actividades esenciales, la sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas y la protección del empleo formal.
«Lo que nosotros le decimos a Balcázar es que por favor regrese (…) y si la ley es observada finalmente pasa al archivo y el nuevo Congreso si alguien quiere volverla a presentar que la presente, pero que tendría que ser más evaluada, mejor evaluada (…) Tenemos que preguntarnos cuál es el verdadero espíritu de esta norma (…) estamos hablando de unas 120 mil Mypes de todo el Perú que tendrían esta nueva condición laboral», sentenció Hermoza.
Finalmente, especialista en derecho laboral también han advertido que la aplicación práctica de la norma plantea interrogantes sobre la forma en que los empleadores deberán verificar la condición religiosa del trabajador. Si bien la ley exige una constancia emitida por una organización religiosa, diversos gremios consideran que el procedimiento aún deja dudas que deberán ser aclaradas. Para Mypes Unidas del Perú, la falta de criterios claros podría abrir espacios a controversias y conflictos laborales que hoy no existen.
