El Poder Judicial autorizó este lunes a las empresas del sector privado a que puedan importar vacunas contra la COVID-19 para su distribución gratuita entre su personal y familiares directos, quedando exoneradas del orden de prioridad impuesto por el Ministerio de Salud (Minsa). Esto a pesar de que, según el Poder Ejecutivo, no existe ningún impedimento para que estas entidades puedan traer dosis al país. "Está en la ley que el sector privado puede importar medicamentos y vacunas, ahí no hay nada nuevo", explicó Óscar Ugarte, ministro de Salud.
Entonces, ¿Por qué ningún privado a importado vacunas?
La emergencia es mundial y la demanda muy alta. Si las empresas privadas no han podido adquirir vacunas contra el COVID-19 es porque muchos productores de vacunas solo están negociando a gran escala con los Gobiernos nacionales, quienes, además, son los que asumirán las responsabilidades ante posibles efectos secundarios de las vacunas de emergencia.
"Por ejemplo, la empresa Pfizer nos ha explicado a nosotros que ellos prefieren venderles a los gobiernos por dos razones: una porque pueden vender a escala en vez de vender a pequeños grupos. Y dos, porque uno de los requisitos que las empresas están pidiendo a todos los estados, no solo a Perú, es que asuman la responsabilidad de cualquier efecto secundario que podría presentarse en la aplicación de la vacuna. No sé si hay empresas que estén en disposición de asumir ese riesgo”, dijo Ugarte.
No todas las empresas, no todas las vacunas
La sentencia judicial exhorta al Poder Ejecutivo a “reglamentar de manera clara y precisa el procedimiento que las empresas del sector deben seguir para la importación” de vacunas. En esa línea, el ministro Ugarte recordó que todos los procesos ya están debidamente estipulados: "No tenemos nada que reglamentar, pues no hay nada que lo impida", comentó.
Para que una vacuna pueda ingresar y ser aplicada en el Perú debe ser registrada previamente por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). Ahora mismo, solo las dosis de Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca tienen el visto bueno bajo alguno de los mecanismos de autorización. Por el momento, otras como la rusa Sputnik V no están permitidas.
Además, no cualquier empresa puede solicitar estos permisos, sino solo aquellos establecimientos con autorización para comercializar productos biológicos, los cuales actualmente son 868. Es decir, en términos simples, solo pueden importar los laboratorios farmacéuticos y las droguerías pues, son las únicas que podrían acceder al registro sanitario que exige Aduanas en el trámite de la importación.
La decisión conlleva riesgos
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha emitido notificaciones sobre dosis falsificadas de Pfizer y Sputnik V en México, que fueron aplicadas a través de privados por compras a través de terceros, es decir, un supuesto intermediario entre las empresas y los laboratorios. Además, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se han registrado hechos similares en Argentina y Brasil.
Por otro lado, algunos especialistas apuntan que esto podría dar paso a la comercialización ilegal. “Abre la posibilidad de que se vendan vacunas. Hay un historial de especulación y aprovechamiento de la desesperación de las personas, en plena pandemia. Es una decisión irresponsable, porque puede generar un mercado negro”, explicó al medio Ojo Público Camila Gianella Malca, psicóloga y experta en Salud Pública.
