El gasto público en salud ha crecido de manera sostenida en la última década. Sin embargo, los indicadores de acceso, calidad y capacidad de respuesta del sistema siguen enfrentando serios desafíos.
El Perú destina alrededor del 6,2% de su Producto Bruto Interno (PBI) al sector salud, una proporción inferior a la de países con economías comparables en la región, según un análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Aun así, el presupuesto asignado al sector no ha dejado de crecer. Solo en 2025, el Estado destinó S/33.587 millones a salud, y entre 2015 y 2024 el presupuesto ejecutado en actividades y proyectos aumentó en 112%, de acuerdo con cifras recogidas por el diario Gestión.
El problema es que este mayor esfuerzo fiscal no se ha traducido en una mejora proporcional de los servicios. Hospitales saturados, postas con horarios limitados, falta de equipamiento y largas listas de espera siguen siendo parte del día a día para millones de peruanos.
El peso del gasto corriente
Una de las principales explicaciones es la estructura del gasto. Hoy, más de la mitad del presupuesto en salud se destina al pago de planillas y obligaciones sociales, cuando hace apenas cinco años esta proporción era cercana al 30%, según reportó Gestión. El resultado es un sistema que consume cada vez más recursos en gasto corriente, pero que invierte poco en infraestructura, equipamiento y fortalecimiento del primer nivel de atención.
Esta tendencia no es exclusiva del sector salud. Un análisis del Consejo Privado de Competitividad (CPC) advirtió que, para 2026, el presupuesto destinado a personal y obligaciones sociales en todo el Estado alcanzará S/93.957 millones, tras crecer 12,3% en un solo año, por encima del promedio histórico. En el caso específico del Ministerio de Salud, el presupuesto para planillas del gobierno nacional se ha incrementado en 533% respecto a 2015.
Primer nivel debilitado
Las consecuencias de este desequilibrio son evidentes en el primer nivel de atención. De acuerdo con Videnza Instituto, más de la mitad de los establecimientos de salud no opera siquiera 12 horas al día y solo el 43% de la demanda ambulatoria es atendida efectivamente. A ello se suma una marcada escasez de recursos: el Perú cuenta con 1,17 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes y apenas 1.264 camas UCI a nivel nacional, según cifras actualizadas al 2024.
La OCDE, en su informe Estudios de los sistemas de salud: Perú 2025, subrayó que más del 90% de los establecimientos de atención primaria en 25 de las 26 regiones se encuentran en condiciones precarias, obsoletas o insuficientemente equipadas, una situación que limita seriamente la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias.
Fragmentación y gestión compleja
Otro factor clave es la fragmentación del sistema. El Perú opera con subsistemas paralelos –principalmente el Seguro Integral de Salud (SIS) y EsSalud- que atienden a distintos segmentos de la población, con redes, financiamiento y niveles de cobertura diferentes. Según la OCDE, esta segmentación genera duplicación de servicios en algunas zonas y vacíos en otras, especialmente en áreas rurales, lo que deriva en una asignación ineficiente de los recursos y profundas desigualdades en el acceso.
Aunque existen mecanismos de intercambio prestacional entre redes, estos siguen siendo poco utilizados. La OCDE advierte que las negociaciones prolongadas sobre tarifas y niveles de servicio han limitado su implementación, pese a que durante la pandemia de la COVID-19 estos mecanismos demostraron ser útiles para ampliar la cobertura de atención.
Inversión que no se ejecuta
Anivel de regiones, los problemas se agravan por la baja calidad de la ejecución. Una investigación de El Comercio reveló que 13 de los 25 gobiernos regionales dejaron de gastar más de S/1.200 millones en 2025 destinados a proyectos de inversión, principalmente en salud e infraestructura. En varios casos, las gestiones regionales redujeron su presupuesto hacia fin de año para mostrar mayores porcentajes de ejecución.
Sobre este fenómeno, César García, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), explicó a El Comercio que “la variación del presupuesto institucional modificado (PIM) es una señal de estabilidad, pero también de inestabilidad si los presupuestos se mueven mucho. Hay proyectos que no estaban listos y generalmente se paran o se retrasan”. Para el especialista, el problema no es solo gastar más, sino gastar mejor y en proyectos con impacto real.
En esa misma línea, Carlos Casas, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, señaló al diario que muchas decisiones presupuestales responden a más criterios políticos que técnicos y que, frente al aumento del gasto corriente, la inversión pública suele ser la primera en recortarse.
Aunque el Ministerio de Salud ha resaltado avances en ejecución presupuestal y cobertura –con una ejecución sectorial de 83,4% al cierre de noviembre de 2025, según La Cámara, revista digital de La Cámara de Comercio de Lima- los expertos coinciden en que el principal desafío no es solo aumentar el presupuesto, sino reordenar prioridades, fortalecer el primer nivel de atención, reducir la fragmentación y mejorar la capacidad de gestión en todos los niveles del Estado.
La evidencia muestra que, mientras estos problemas estructurales persistan, el país seguirá enfrentando la misma contradicción: más recursos asignados, pero brechas que no se cierran. La pregunta ya no debería ser cuánto se gasta en salud, sino cómo y para qué se gasta.
Un reto que exige resultados
De cara al 2026, el propio MINSA ha subrayado que el sector contará con S/14 706 millones, equivalente al 9,1% del presupuesto del Gobierno Nacional, una cifra que refleja la relevancia de la salud en la agenda pública. De este monto, S/2 686 millones se asignarán al Seguro Integral de Salud (SIS), con el objetivo de garantizar la cobertura gratuita de millones de personas que no cuentan con otro tipo de seguro. El desafío, una vez más, no será solo disponer de mayores recursos, sino asegurar una ejecución oportuna, eficiente y transparente, que permita cerrar brechas históricas y traduzca el presupuesto en mejores servicios, mayor prevención y una atención digna para toda la población.
