Los medicamentos genéricos intercambiables (GI) han demostrado cumplir con los mismos estándares de seguridad y eficacia que los productos de marca o innovadores. Avalados por agencias reguladoras de alto prestigio, como la FDA de Estados Unidos o la EMA de la Unión Europea, permiten sustituir un fármaco innovador por su equivalente, garantizando el mismo resultado terapéutico.
En países de la región como México, Chile o Brasil, su uso extendido ha generado ahorros significativos tanto para los sistemas de salud como para los pacientes. En el Perú, en cambio, apenas 127 medicamentos –al 9 de septiembre del presente año- han sido registrado como intercambiables ante la autoridad sanitaria, la Digemid. Esto representa solo el 2% de la oferta total de genéricos que hay en el mercado y que se estima en más de 6 mil medicamentos.
Lo que promete la Ley N°32319
Aprobada en mayo, la Ley N°32319 busca acelerar el ingreso de medicamentos GI provenientes de Países de Alta Vigilancia Sanitaria (PAVS). La norma reduce los plazos de registro sanitario de hasta siete años a tan solo 45 días, bajo un esquema de silencio administrativo positivo.
De aplicarse en su totalidad, el impacto sería inmediato: tratamientos que hoy pueden costar S/18,500 para cáncer podrían reducirse a S/3,600 con el uso de GI. La normativa tiene la capacidad de aliviar el gasto de bolsillo de los hogares, que, en promedio, supera los S/170 mensuales solo en medicinas, de acuerdo con Videnza Consultores. “Hoy acá las medicinas son muy costosas debido a que hay muy pocas moléculas”, advierte Omar Neyra, especialista en salud pública, en entrevista para A tu Salud.
Obstáculos en la implementación
Pese a que la ley establece su aplicación inmediata, en la práctica los avances han sido mínimos. El Ministerio de Salud (Minsa) emitió una directriz interna que, según especialistas, introduce requisitos adicionales no contemplados en la norma, prolongando los trámites. “Hay una norma que tendría que haber llegado ya a tener resultados, pero todavía el Ministerio de Salud no termina de tener claro cómo viabilizar y ser proactivo para el beneficio de los pacientes”, explica Neyra. Para el especialista, las trabas burocráticas ralentizan un proceso que debería ser seguro y ágil, como lo establece el espíritu de la ley.
¿Quién gana y quién pierde con la demora?
En palabras de Neyra, el retraso favorece a quienes hoy concentran la mayor cuota del mercado farmacéutico. “Esta ley lo que permite es una gran competencia en el sector. Ingresan nuevas marcas, nuevos medicamentos de calidad y entonces quienes están hoy quieren permanecer en este statu quo, porque finalmente una mayor competencia les genera menores ingresos”, detalla.
El gran perdedor, subraya, es el paciente. Enfermedades de alta prevalencia como la hipertensión, el cáncer, la diabetes o los trastornos de salud mental requieren tratamientos costosos y de largo plazo. “La diferencia de precios puede ser de uno a diez. En Europa, los genéricos intercambiables cuestan apenas el 10% del precio de un innovador, lo que representa un verdadero beneficio para los pacientes”, precisa Neyra.
El impacto en el bolsillo de los peruanos
Precisamente, al respecto, el especialista comparte una experiencia personal que refleja la brecha de precios. “Compré tres medicamentos para hipertensión en Perú y gasté cerca de S/815. La semana siguiente adquirí los mismos en Europa por S/135. Esa diferencia es real, yo tengo los documentos. Es un hecho real que debe cambiar y esta ley pretende eso”, asegura.
Este desbalance se traduce en decisiones difíciles para miles de familias peruanas: priorizar el gasto en medicamentos sobre otros aspectos esenciales o, en el peor de los casos, abandonar sus tratamientos.
Un llamado de urgencia
El acceso a medicamentos eficaces y asequibles no es solo una cuestión económica, sino también de equidad y salud pública. En un país donde las enfermedades crónicas afectan a millones de personas, la demora en implementar la Ley N° 32319 implica postergar un beneficio tangible y necesario.
“El Estado debe ponerse del lado del ciudadano y no generar barreras. Hay que exigirle al Ministerio de Salud que piense en los pacientes y sea proactivo. Que vaya por estos medicamentos y ofrezca como primera alternativa estos procedimientos en lugar de entorpecerlos”, concluye Neyra.
La implementación de la Ley N°32319 no debería seguir alargándose. Mientras los procesos administrativos se extienden, pacientes y familias continúan asumiendo costos elevados por medicamentos que podrían estar disponibles a una fracción del precio de medicamentos innovadores. La norma abre una oportunidad concreta para mejorar el acceso a medicamentos seguros, eficaces y asequibles. Una medida que sin duda contribuirá a seguir fortaleciendo el sistema de salud pública a nivel nacional.
