7 de cada 10 peruanos no encuentran sus medicamentos en las farmacias del Estado

La provisión de salud es bastante compleja en el Perú, una situación que se agrava con el desabastecimiento crónico de medicamentos que existe en el sector público, es decir en los hospitales y postas del Estado, lo que impacta significativamente en la salud y el bolsillo de millones de personas, que se ven obligadas a comprar sus medicamentos en las farmacias privadas o, en el peor de los casos, a interrumpir sus tratamientos o no seguirlos al pie de la letra. 

El 56% de la población está afiliada al Seguro Integral de Salud (SIS) y el 33% al Seguro Social de Salud (Essalud). El acceso a los medicamentos debería ser cubierto por el sistema de salud pública. Sin embargo, el 70% de los usuarios no encuentra sus medicamentos en la farmacia del establecimiento, según una encuesta realizada por la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud). 

El 56% de la población está afiliada al Seguro Integral de Salud (SIS) y el 33% al Seguro Social de Salud (Essalud). El acceso a los medicamentos debería ser cubierto por el sistema de salud pública.

De acuerdo con cifras de la Dirección General de Medicamentos (Digemid), uno de cada cinco establecimientos de salud administrados por el sector público registraba a diciembre de 2021 un desabastecimiento o substock de la canasta representativa de medicamentos construida por el Instituto Peruano de Economía (IPE).

Cuando el Estado no puede atender la demanda de la población, esta recurre al sector privado enfrentándose a un rango de precios muy amplio. Las farmacias privadas disponen de una gran variedad de medicamentos. Los genéricos más económicos son los que primero comienzan a escasear ante el incremento de personas en busca de los mismos medicamentos y muchas veces solo quedan disponibles los de marca, los cuales son más caros. Esta situación se evidenció, por ejemplo, durante la pandemia y se acusó a las cadenas de elevar los precios de los fármacos. 

Es así que el bolsillo de las personas se ve afectado, en especial de aquellas con menores ingresos, que muchas veces prefieren dejar de tratarse o acudir a opciones "más baratas", en las cuales el riesgo de adquirir medicamentos ilegales o vencidos es mayor. 

Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), el gasto en medicinas como porcentaje del salario del quintil más pobre de la población se incrementó de 14% en el 2019 a 20% en el 2020 debido a la emergencia sanitaria. 

La salud es un derecho y los afiliados al sistema de salud público deben tener acceso a medicamentos gratuitos y de calidad. El problema no está en el sector privado. El Estado debe enfocarse en conseguir una adecuada planificación, adquisición, almacenamiento y distribución de medicamentos.